El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó eliminar la prueba interna como mecanismo de ingreso a las universidades. La LEY DE UNIVERSIDADES VIGENTE, establece las pruebas internas como ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS. El CNU no tiene competencia para cambiar eso, ni siquiera una nueva Ley ni una reforma a la Ley vigente podría hacerlo, pues esta norma deriva de la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, establecida en la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

El Ministerio pretende, además, desconocer ingresos por convenios de las universidades con sus obreros, empleados y docentes. Este desconocimiento a los contratos de trabajo evidencia el carácter antiobrero del actual gobierno y VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD establecido en la Constitución de 1999 para evitar que gobernantes reaccionarios e inescrupulosos desmejoren las justas contraprestaciones conquistadas por los asalariados con su trabajo y sus luchas.

En la reunión del 06-03-08, el CNU dejó para mayo la definición del Sistema Nacional de Ingreso Estudiantil a la Educación Universitaria. Luego de meses de discusiones, declaraciones y comunicados ministeriales quedamos en las mismas, sólo que con el inicio del nuevo año académico prácticamente encima.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada el 15 de diciembre de 1999 y reafirmada el 2 de diciembre de 2007, establece explícitamente el derecho a la educación, incluida la superior, conquistado por el movimiento estudiantil venezolano en históricas jornadas de lucha a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, en la actualidad, una parte significativa de nuestros jóvenes no culmina sus estudios, por razones de índole socioeconómica, mientras que otro amplio contingente obtiene títulos de bachiller vacíos, pues el gobierno NO ESTá GARANTIZANDO EL ACCESO REAL al conocimiento. Por esta razón, a muchos de nuestros bachilleres se les dificulta aprobar las pruebas de ingreso a las universidades.

Hoy, 9 años después de la aprobación de la Constitución, el Ministerio va a empezar a averiguar cuál es la demanda y cuál es la oferta de cupos en las universidades, y propone el ingreso a partir del promedio de notas de bachillerato como mecanismo supuestamente más equitativo. Definir como norma que los jóvenes no puedan medir sus conocimientos, destrezas y aptitudes con los de otros liceos y colegios, pone de manifiesto una concepción en el alto gobierno, que naturaliza la exclusión al establecer como normal que la calidad de la educación que se imparte a los sectores populares y rurales, sea menor.

En lugar de proponerse como meta una educación pública de calidad, accesible para toda nuestra niñez y juventud, sin distingos de clase social y procedencia geográfica, el gobierno promueve una educación mediocre, que ni siquiera garantiza que se impartan las distintas materias que conforman los planes de estudio vigentes en educación media y diversificada. Se puede afirmar, que existe una práctica de destrucción sistemática de la educación básica y media, que ofrece a los más pobres títulos vacíos y va descargando en el sector privado la responsabilidad de la formación de nuestra juventud. Para decirlo con claridad: la política educativa del actual gobierno está conduciendo a la privatización de la educación.

En lugar de ampliar la oferta en la Educación Superior, a través de la reposición de cargos en las universidades existentes, y de la creación de nuevas instituciones, el gobierno mantiene el cerco presupuestario y el hostigamiento permanente con bandas armadas que lo que hace es quemar cupos. Y en vez de resolver el problema de cupo insuficiente, el gobierno lo enmascara creando nuevos problemas: El Ministro de Educación Superior acaba de resolver por decreto integrar la UNELLEZ a la misión Alma Mater, para “crear” tres nuevas universidades “territoriales” a partir de sus núcleos de Apure, Portuguesa y Cojedes. De esta manera, sin generar infraestructura, nuevas carreras, nuevos cargos, ni siquiera un cupo más, el Ministro podrá decir que tenemos más universidades. Pero nuestros bachilleres seguirán fuera de ellas.

Es mejor que el gobierno nacional deje de perder el tiempo aprobando cosas inconstitucionales en el CNU con los votos de rectores interventores; o tratando de aprobar una nueva Ley de Universidades que vulnere el principio de autonomía universitaria legado por el Padre de la Patria, Simón Bolívar. No destruyan instituciones como la UNELEZ y dedíquense a resolver las grandes inequidades que están generando con el abandono a que tienen sometida a la educación básica y media. Inviertan en la creación de cupos universitarios para que nuestros bachilleres puedan verdaderamente acceder al derecho al estudio consagrado en la Constitución Nacional.

El Ministro verá qué hace, pero está avisado: el asunto es acabar con la exclusión DE VERDAD, y preservar la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y los DERECHOS CONSTITUCIONALES de la clase trabajadora y de la juventud venezolana. Otra cosa resulta inaceptable.

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